Contraloría propone destitución de 3 funcionarios del Gobierno Regional de Aysén

De acuerdo a los involucrados y la asociación de funcionarios se trataría de medidas desproporcionadas, ya que serían faltas de carácter «administrativo».

Coyhaique-. La transparencia se ha convertido en uno de los valores más apreciados por la ciudadanía cuando de gestión pública se trata, y es uno de los objetivos permanentes de todo organismo o entidad que maneje glosas presupuestarias fiscales.

La transparencia es una exigencia absolutamente intransable por parte de la comunidad y ciertamente que también un aspecto relevante de nuestra institucionalidad pública. En ese contexto, recientemente la Contraloría Regional de Aysén culminó un sumario administrativo que involucra al Gobierno Regional, referido a un proyecto de mini central hidroeléctrica para Puerto Gaviota.

El organismo fiscalizador detalla que con fecha 13 de noviembre de 2020, declara cerrada la etapa indagatoria, y considerando los hechos investigados y el análisis efectuado en la Vista Fiscal, el Jefe (S) de la Unidad Jurídica, a propuesta del fiscal instructor, propone aplicar diversas medidas en contra de varios/as funcionarios/as del Gobierno Regional de Aysén.

A Susana Andrea Silva Fuentes, Marta Mariela Rodríguez Foitzick la medida disciplinaria de multa de 20% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de cuatro puntos, a Alejandro Salas Quijón, 15% de multa de su remuneración mensual y una anotación de demérito de tres puntos. Al funcionario Gastón Eduardo Ávila Saldaña, la medida disciplinaria de multa de 10% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de dos puntos, y al abogado Javier Esteban González Jara, la medida disciplinaria de suspensión por 60 días con goce de un 50% de su remuneración mensual y una anotación de demérito en el factor de calificación de seis puntos.

Además, al funcionario Max Antonio Álvarez Navarro, de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 60 días con goce de un 50% de su remuneración mensual y una anotación de demérito en el factor de calificación de seis puntos.

Medida de destitución

El informe de Contraloría añade en su parte más severa y categórica, aplicar, a los funcionarios Juan Francisco Valenzuela Islas, Julio Ñanco Antilef y Patricio Leiva Mansilla, la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 125, en relación con lo indicado en el artículo 121 letra d), ambos de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

Diario El Divisadero se contactó con uno de los funcionarios aludidos en el informe, Julio Ñanco Antilef, quien entregó su versión respecto a la drástica sanción propuesta por Contraloría.

“Señalar que el proyecto “Construcción Microcentral Hidroeléctrica Puerto Gaviota”, nace el año 2015 en el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, bajo el Plan de Zonas Extremas (PEDZE), que buscó simplificar los trámites y exigencias técnicas para acelerar soluciones a los problemas de las personas de la región. El sumario se refiere al año 2017 y actualmente es reservado, sí puedo señalar que no hubo falta a la probidad, mala intención, robo, delitos, corrupción o abandono de funciones.  Las observaciones son administrativas y no son graves, y todo el trabajo fue desarrollado siempre con la supervisión y aprobación de mis jefaturas de ese entonces”, sostiene el arquitecto.

Añade que “la Contraloría propone sanciones desproporcionadas, y en otros casos más graves, las sanciones son menores, y es la Gobernadora Regional, quien finalmente debe cerrar el proceso. En mi rol de funcionario del GORE, solo cumplí con mi deber, y las pruebas quedarán a disposición de la ciudadanía, una vez terminado el sumario. En lo que me correspondió, hice lo correcto, ejecutando las instrucciones para que el proyecto avance, sin obtener beneficios personales”, concluye Ñanco.

La Gobernadora y sus facultades en torno al sumario

Por su parte la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma, se refirió también a este sumario de Contraloría, señalando que se trata de un proceso de larga data, reconociendo que el proyecto hasta la fecha no ha logrado su objetivo de dotar de energía eléctrica permanente durante las 24 horas del día a los habitantes de Puerto Gaviota.

“En ese contexto señalar que nos encontramos en revisión de los antecedentes remitidos por Contraloría, son 8 mil fojas, una información muy voluminosa, pero el conocimiento exhaustivo de esos antecedentes es lo que nos va a permitir conocer toda la información de la causa y poder pronunciarnos de manera justa y objetiva. Es importante, que no quepa duda que si hay responsabilidades, el Gobierno Regional asumirá el rol que le corresponde asumir”, cerró la primera autoridad regional.

Las palabras de Andrea Macías son relevantes, ya que es precisamente ella, como superior jerárquica y máxima autoridad del GORE, quien deberá definir la situación de los funcionarios más comprometidos por el informe de Contraloría, en rigor, decidir si cursa o no la destitución de tres de los sumariados.

Directiva de RD Aysén respecto a situación de militante Julio Ñanco

Desde la colectividad en la cual milita uno de los sumariados, su dirigenta regional Claudia Cantero, señaló “primero, lamentar el trascendido de dicho proceso que en lo formal es de carácter reservado y cuya Vista Fiscal o conclusión del Fiscal ya son de conocimiento público; lo que daña la honra de personas, sin haber concluido ni habiéndose realizado las acciones de defensa por parte de estas. Sobre Julio Ñanco, creemos necesario transmitir que es un destacado militante, que nos ha representado en distintas instancias; siempre colaborando y sirviendo al ideario. Nunca buscando beneficios personales, en un partido que no ha ocupado cargos públicos”, acotó.

Claudia Cantero agrega que “como Directiva Regional de RD estábamos al tanto de este proceso, sin embargo, no esperábamos el nivel de sanciones propuestas, sobre todo cuando no existen faltas a la probidad, ni corrupción. Una vez conocidas éstas, él nos ha informado que trabajará en su defensa. Confiamos en que tenga derecho a un proceso justo, sin presiones de ningún tipo”, cerró la dirigente de RD.

Y la arista política de este caso es relevante porque Julio Ñanco es uno de los militantes de RD que está siendo propuesto por la colectividad para ocupar algún cargo de confianza del futuro Gobierno, por lo que esta situación podría afectar dicha posibilidad.

Cabe señalar que el proyecto consideró una inversión de 1.600 millones de pesos y tal cual lo señaló la Gobernadora Regional, hasta hoy el proyecto no logra su objetivo de dotar de suministro eléctrico durante las 24 horas a los habitantes de ese poblado costero perteneciente a la comuna de Cisnes.

Asociación de Funcionarios GORE: “Son faltas administrativas”

La Directiva de la Asociación de funcionarios del Gobierno Regional de Aysén y en relación al proceso llevado a cabo que atañe a seis asociados y asociadas de nuestra organización, señaló que “según DICTAMEN N° 14.8076, del 24 de Marzo del 2004, respecto de publicidad al que se expuso al respectivo sumario administrativo, este deja de ser secreto después de la formulación de cargos, pero sólo respecto del inculpado y su abogado, de tal manera que el funcionario que da a conocer los antecedentes del mismo a terceros, transgrede la normativa vigente y contraviene sus deberes laborales, debiendo ser investigado y sancionado disciplinariamente. El secreto del proceso sumarial persigue, entre otros objetos, resguardar a los servidores que eventualmente podían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados, la cual sólo quedará a firme en el momento que aquel quede totalmente afinado”, señalan.

Por lo anteriormente expuesto, no nos referiremos en detalle al sumario en sí, sin embargo, queremos transmitir que el proceso hace referencia a faltas administrativas, no acreditándose daño al patrimonio fiscal, ni formulándose cargos que tengan relación alguna con faltas a la probidad por parte de los funcionarios involucrados.

En este contexto, ante eventual sospecha de falta a la probidad, todo funcionario público está obligado a denunciar ante la Fiscalía, situación que no ha ocurrido a la fecha.

Cabe señalar que, el proyecto que dio origen al contrato auditado, se ejecutó y cuenta con resolución de recepción provisoria. 

Por último desde la Asociación de Funcionarios del GORE advierten que “consideramos que las sanciones propuestas aplicar por Contraloría Regional de Aysén no son coherentes con los cargos formulados a los funcionarios involucrados, los cuales, se reitera, dicen relación con faltas administrativas cometidas en cumplimiento del principio de jerarquía, en el desarrollo del contrato de una iniciativa con complejidades técnicas importantes, que va en directo beneficio de habitantes en condiciones de alta vulnerabilidad y aislamiento geográfico y que fue parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas”.