Al borde del olvido: la solitaria rehabilitación de las víctimas de trauma ocular

Acostumbrarse a usar una prótesis es lento, describen las víctimas de daño ocular durante el estallido social. Quienes consiguieron la suya antes de la pandemia, aseguran que se sienten mejor. Pero se complica todo, hasta llevarse un vaso con agua a la boca. Resienten que acceder a una hora para el sicólogo se haya puesto tan difícil en tiempo de coronavirus: abundan las cancelaciones y no a todos les han ofrecido consultas online. Deprimirse, tener deudas por tratamientos y cambiar de trabajo por discapacidad, son algunas experiencias de siete personas heridas en las manifestaciones sociales y que reclaman haber quedado en el olvido.

Manuel Veliz tiene 22 años y en su casa vive junto a otras 16 personas. Entre ellas un primo que pesa 120 kilos, por quien su familia debió extremar las medidas para enfrentar el coronavirus. Su hermana de 18, con quien comparte pieza, abandonó por este semestre los estudios porque no tenía cómo conectarse a internet. El único computador que había en la casa era el de Manuel, pero se descompuso. Antes del estallido, él trabajaba de maestro enfierrador y le iba bien. Le alcanzó en 2018 como para comprarse un computador propio, “la única compra cara que he hecho en mi vida”, dice él, riendo pese a todo

Desde que perdió la visión de su ojo derecho, todo en la vida de Manuel cambió. “No hay plata para gas hoy día”, dice, “no hay ni para mercadería”. Vive en Cerro Navia y no ha podido trabajar, “sólo rompí la cuarentena para hacer trámites en la municipalidad por culpa del ojo”, explica.

Manuel Veliz, 22 años.

La tarde en que Manuel tuvo un estallido ocular por un perdigón, el 15 de noviembre pasado en las cercanías de la Plaza Baquedano, recuerda que sangraba mucho y que, pese a lo aturdido que lo dejó el proyectil, él sabía que subir a una ambulancia le podía salir plata que no tenía. Intentó rehusarse, pero le dijeron que la Ley de Urgencia costearía los gastos de la Clínica Alemana, donde finalmente pasó una noche y un día completos. “Yo dije que no tenía plata para pagarlo”, explica hoy Manuel, angustiado porque hace unas semanas le llegó una carta de Fonasa en la que decían lo siguiente: “Informamos que recibió atención de urgencia generando una deuda total de $1,2 millones”.

“En la carta dice que si no pago, cuando trabaje me van a descontar la plata desde mi sueldo. No sé qué hacer. Tengo que anular este pago”, puntualiza.

Manuel Véliz consiguió una prótesis ocular un poco antes de que la pandemia paralizara todo, en marzo. Lo hizo a través de la Unidad de Trauma Ocular (UTO), del Hospital Salvador. Asegura que su vida es un poco mejor desde que la tiene.  

“Antes era un joven alegre”

Diego Foppiano es hoy un joven triste. Una depresión lo tiene abatido a sus 23 años. Su madre, Marcela Jara, acusa que fue una mala experiencia esperar que el Ministerio de Salud se hiciera cargo del apoyo sicológico de su hijo porque no funcionó.

Según reclama, perdieron tiempo valioso de rehabilitación: el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) que implementó el Minsal en diciembre 2019 para víctimas de las manifestaciones incluía ayuda psicológica y psiquiátrica, pero ella está segura que los profesionales no dieron abasto. “El tratamiento ofrecía sólo una consulta al mes y este tipo de terapias requiere mucho más”, explica. 

Diego Foppiano, 23 años.

Diego había resultado herido el 19 de octubre. Salió de su casa en Puente Alto para tomar fotos de las protestas con un amigo y a los 15 minutos llamó a su madre desde un SAPU: un proyectil lo había herido y estaba abrumado. Él asegura haber visto a un carabinero apuntándole, una imagen que todavía le provoca angustia.

Ante la demora en el programa especial del gobierno para los lesionados como él, actuó la Universidad Diego Portales. Allí el el joven estudia Ingeniería en control de gestión. Según su madre, gracias a la gestiones universitarias hoy su hijo recibe apoyo de un psiquiatra y un psicólogo en forma fluida.

“Él quedó sin el ojito y en el hospital le pusieron un conformador”, explica la madre, respecto a la argolla de plástico transparente que le ponen a las personas tras haber perdido un globo ocular y previo a la implante de la prótesis. Marcela resiente que después de eso postergaran la operación: “En diciembre le dijeron que el protesista se iba de vacaciones y que le iban a dar hora para marzo. Fue terrible pensar que iba a estar cuánto tiempo más sin su ojo. Ahí fue que se nos acercó una doctora de San Vicente de Tagua Tagua y ella le puso una prótesis provisoria, de su bolsillo. Hasta hoy está con esa prótesis, porque todavía no recibe una definitiva del Hospital Salvador”.

Marcela está preocupada por la salud mental de su hijo. Le duele que se encierre en la pieza por periodos de dos a tres días sin querer hablar con nadie. Ella también está estresada. Según explica a The Clinic, todavía no sabe qué pasos seguir frente a una deuda de $7 millones que tiene con la Clínica Santa María producto de la atención a su hijo. Le dijeron en el recinto que harían todo lo posible porque fuera admitido por Ley de Urgencia, porque Diego no llegó con riesgo vital como exige la ley, pero ella cree que la idea fue sólo una buena intención del médico.

La angustia de Marcela se resume en esta frase: “No se ha considerado que son personas, que están mutiladas y no se les ha dado una solución rápida. Esto no sirve de aquí a un año. Es un tema muy complejo, siento que no han tomado el peso de la parte humana, sobre lo que a estas personas les ha sucedido. Diego antes era un joven alegre”.

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